El surgimiento de la evaluación de programas y políticas públicas se identifica en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo durante la década de 1950, específicamente evaluando los programas públicos educativos. El gobierno financió amplias evaluaciones para valorar el aprendizaje educativo y más adelante se consideró evaluar los efectos de los programas contra la pobreza. En esta época sobresalen las evaluaciones que utilizaron métodos experimentales para medir la eficacia de la intervención pública (Cardozo, 2015) (Weiss, 2015).
Con el paso del tiempo se fueron sumando evaluaciones de programas sociales en materia de salud, mercado laboral, alimentación entre otras temáticas, lo que obligó a los evaluadores a implementar nuevos métodos y herramientas (Weiss, 2015). Así, la evaluación se fue consolidando como actividad útil y necesaria para el gobierno, tomando un nuevo impulso a través de las políticas públicas, y dando pie a su institucionalización, profesionalización y el desarrollo de amplios programas educativos, así como de espacios de divulgación teórica y empírica de su quehacer.
El trabajo de teóricos, académicos y profesionales de la evaluación de políticas públicas no fueron exclusivos de los Estados Unidos. En otros países fue evidente el papel relevante que fue tomando la evaluación, como una actividad clave para conocer la acción pública y sus logros. Por ello es interés del presente documento hacer un breve recuento histórico de la evaluación de políticas públicas en dos países europeos, Reino Unido y España, el primero como uno de los países pioneros en evaluación, y el segundo, al ser uno de los países del viejo continente en adoptar la evaluación de forma más tardía.
La explicación de las experiencias de Reino Unido y España, se realizará considerando la institucionalización de la evaluación que se refiere al “proceso político por el que se legitima un marco normativo adecuado para el desarrollo de la función de evaluación a partir de la estructuración de espacios e instancias de las administraciones públicas a las que encargar tal función” (Garde Roca, 2006). Pero, sobre todo, como señala Garde (2006), consiste en que sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones se incorporen en los procesos de toma de decisiones y de formación de políticas públicas.
Reino Unido
En Europa, Reino Unido es uno de los países con un largo historial en la realización de evaluaciones a los programas públicos, aunque su institucionalización se alcanza hacia finales del siglo XX. La evaluación está presente desde la década de 1950 fuertemente vinculada al Welfare State, la consolidación de la democracia en el país y una fuerte presencia de científicos sociales que impulsaban el uso de métodos científicos para entender el quehacer del gobierno.
A finales de la década de 1970, el gobierno implementó la Efficiency Startegy (ES) y la Financial Managemenet Initiative (FMI) a partir de las cuáles generalizó la medición de la eficiencia administrativa que incluyó la definición de metas e indicadores (Muñoz, Pérez Zabaleta, Muñoz, & Sánchez, 2013). En la década de 1990, el gobierno central adoptó e impulsó la Nueva Gestión Pública, el enfoque de resultados, y todas las acciones vinculadas a ella, y se consolidó la medición del desempeño gubernamental a través de la FMI.
En este periodo se desarrollan e implementan herramientas que fortalecen los procesos de gestión para resultados y el control del gasto público sobre todo en el gobierno central (Lázaro, 2015) aunque a lo largo de la década se hace palpable esta obligación en los gobiernos locales. Además, en el marco de la administración de los Fondos Estructurales de la Comunidad Europea se da un impulso a la evaluación no solo por parte del gobierno si no a través de organizaciones no gubernamentales quienes promueven el uso de diversas perspectivas académicas y profesionales (Garde Roca, 2006).
Es hasta finales de la década de 1990 que se institucionaliza la evaluación, fomentada desde la oficina del primer ministro, la Cabinet Office y con una fuerte presencia de National Audit Office (NAO). Es en el año 2001 que se crea la Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU) que tenía como principal tarea mejorar los resultados e impactos de las políticas públicas, mediante la definición de objetivos, el impulso del uso de evidencia y datos para atender los problemas sociales. Un año más tarde surge la Strategy Unit con el propósito de definir temáticas transversales de relevancia para el gobierno a mediano y largo plazo (Lázaro, 2015).
Paralelamente a estas unidades surge el Government Social Research Service (GSRS) organismo que ha impulsado en los últimos años la evaluación y las políticas públicas basadas en evidencia, la cual está integrada por miembros relevantes de gobierno y una red pluridisciplinar de investigadores. El GSRS ha elaborado el Magenta Book, considerada una guía básica para evaluadores en Reino Unido. En 2013, surge la What Works Centres integrada por centros de análisis de políticas públicas en diversas temáticas, cuyo objetivo es fortalecer la toma de decisiones con base en información y datos pertinentes y verificables, realizando un amplío trabajo de difusión de hallazgos y resultados de las evaluaciones (Lázaro, 2015).
España
La evaluación de programas y políticas públicas en España está íntimamente vinculada a la Unión Europea (UE) y las obligaciones establecidas en materia de rendición de cuentas y valoración de los resultados establecida a los países miembros. En España hasta antes de la década de 1990, solo se identifican análisis costo-beneficio a proyectos de gran relevancia para el gobierno y aislados esfuerzos de evaluación de programas públicos sobre todo en materia de educación (Muñoz, Pérez Zabaleta, Muñoz, & Sánchez, 2013), (Garde Roca, 2006).
El surgimiento de la evaluación puede identificarse claramente en la década de 1990, cuando se impuso la realización de evaluaciones sistemáticas y generalizadas para todas las acciones financiadas con recursos provenientes de la UE (Lázaro, 2015).
En 2005 a través de la Ley 28/2006 se decreta la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) que inicia sus operaciones en 2007 como parte del Ministerio de Administraciones Públicas. La AEVAL tenía por objetivo la realización de evaluaciones a programas y políticas públicas y la promoción de la mejora de los servicios públicos de la administración General del Estado, con la posibilidad de vincularse con los territorios autónomos a través de convenios. El primer paquete de evaluaciones que realizó AEVAL se vincularon al Plan Nacional de Reformas y se identifica el desarrollo de un amplio trabajo para la elaboración de guías metodológicas.
Si se considera la descentralización territorial de España, la implementación de la evaluación no ha sido homogénea. Si bien a nivel normativo se contempla la realización de evaluaciones en las Comunidades Autónomas, aún se requiere un amplio trabajo para lograr su implementación exitosa. AEVAL junto a la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios Públicos ha realizado en los últimos años una serie de acciones a fin de generar una cultura de evaluación y se reconozca la utilidad de la evaluación en el fortalecimiento de las acciones de gobierno (Martínez, 2012).
Estos esfuerzos permitieron la creación de normativas específicas y la formación de organismos especializados en las comunidades autónomas como el Ivalua en Cataluña o la Comisión Foral para la Evaluación de las Políticas y la Calidad de los Servicios en Navarra.
Consideraciones finales
Las experiencias de los países revisados permiten identificar dos realidades, por una parte, Reino Unido con una larga tradición de realización de evaluaciones que ha enfrentado vaivenes pero que al final ha logrado consolidarse. Y por otra, España en una fase aún incipiente en términos de institucionalización de la evaluación con grandes retos por delante.
Aunque en estas dos experiencias europeas, se identifica que la evaluación fue fuertemente impulsada a partir de la conformación de la Unión Europea, que incluía cláusulas que condicionaban el uso de recursos comunitarios a la valoración de sus resultados y que permitió su extensión hacia el resto de los programas y políticas públicas de los gobiernos.
Además, permiten resaltar que la institucionalización le otorgó credibilidad y fortaleció las posibilidades del uso de sus hallazgos, evidencias y recomendaciones en favor de la mejora de los programas y políticas públicas, y en general del quehacer del gobierno. Y resalta, el surgimiento de estructuras formales que complementan el quehacer de los órganos públicos como el What Works Centres en Reino Unido y en España el Ivalua, reforzando la cultura de evaluación.
Referencias
