El pintor toma su lienzo y a través de colores e imágenes transmite su mensaje, mientras el músico cuenta con notas y sonidos sus historias. Para que el mensaje, la historia y cualquier otro propósito sea transmitido con éxito, se requieren herramientas adecuadas y pasos sólidos; es decir, decisiones firmes.
Al día de hoy, la firmeza de estos pasos en el actuar gubernamental se debilitó ante la llegada de una crisis sanitaria. El coronavirus trajo consigo una encrucijada de decisiones y potenciales dilemas, pues con la propagación del virus, también se multiplicaron las demandas sociales y económicas de la población.
Esta crisis afectará principalmente a los grupos de población más vulnerables y, a la par, puede llegar a revertir los avances en materia de desarrollo social (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020). En este sentido, los tomadores de decisiones no solo deben actuar de manera lógica y consistente, sino aceleradamente.
Se dibuja un escenario turbio para el gobierno, los privados y la sociedad en conjunto. Disímiles problemas se suman a los existentes. Con ello, la decisión de suspender, adicionar y continuar algunos programas se erige como un parteaguas para la política de desarrollo social en México.
Ante tal escenario de tensiones sociales, económicas y políticas, surge la pregunta: ¿la evaluación es una piedra en el zapato para el gobierno o es un aliado? Paradójicamente, la evaluación desde antes de la crisis, ya se asociaba de manera equívoca con un proceso de juicio y que, además, tenía una posición al final del ciclo de las políticas públicas.
En realidad, la carta de presentación de una política pública son los resultados de una evaluación. La evaluación no es un andamio de aciertos y fracasos de una acción finalizada, sino un proceso sistematizado de una acción en construcción. En palabras llanas, la evaluación detona la mejora continua, por ende, es un ejercicio que desde antes del diseño de una política pública debería existir (evaluación ex ante).
La evaluación de políticas públicas viene a colación en esta fase de reconstrucción social que le augura a México. El ejercicio evaluativo sin duda es un aliado para un país democrático, por cinco razones:
Este nuevo contexto obliga a recalibrar y poner el ojo en el campo de la evaluación con el objeto de:
Ampliar y fortalecer las medidas emergentes a partir de los programas prioritarios, mejorar su capacidad operativa, asegurar que su focalización sea adecuada, así como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso, y a los sectores urbanos que están más expuestos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020, p.11).
El mundo ya ofrecía cambios perpetuos y desafíos importantes, ahora, con la crisis del COVID- 19, los entes públicos requieren echar mano de todos los andamiajes institucionales para salir avante a través de acciones lógicas e integrales, siendo este uno de los objetivos de la evaluación.
Pero, ¿a quién le toca realizar esta tarea? Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018).
La labor se realiza siguiendo las directrices del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED). El SED constituye una sólida metodología, que aterriza la heterogeneidad de enfoques y prácticas existentes.
Ante la perpetuidad del cambio y diversos problemas, surgen múltiples políticas públicas. Lo que de manera inercial conlleva que cada situación evaluativa demande una respuesta evaluativa particular, útil en circunstancias específicas (Bañon, 2003).
Es decir, sería impensable tener un solo esquema de evaluación para todos los programas. Por ello, la metodología realizada con base en el propósito de la evaluación es el punto angular de la valoración. La clasificación es la brújula que guiará el camino del evaluador. A continuación, se muestran los tipos generales de evaluación.
Es importante detenerse aquí, para señalar la diferencia entre la clasificación general de las políticas y la clasificación particular. Esta última deriva de las necesidades y avances de los programas y políticas públicas, algunos ejemplos de estas son las evaluaciones en materia de Diseño, Consistencia y Resultados, Procesos e Impacto. La SHCP y CONEVAL se han encargado de diseñar metodologías para los tipos generales y particulares de políticas públicas.
Como se ha mencionado, cada programa y política pública requiere de cierto tipo de valoración. Esto se determina a partir de la temporalidad de la política pública y de su tipo de enfoque (si es social o no).
Por ejemplo, la mecánica de evaluar un programa que da apoyos económicos a personas adultas mayores (programa social) no es la misma que la que implica evaluar a un programa que se encarga de regular empresas aseguradoras o a instituciones financieras o bancarias (programa no social) (SHCP, 2019).
Sin ahondar más en la tipología, los entes públicos tendrán que tomar las riendas del país, considerando prioridades emergentes tras la pandemia, esto es, anteponer las políticas públicas de salud, educación y desarrollo social. Estos sectores deben ser los que reciban el eco de las medidas de mitigación del Covid-19, como la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, además de la saturación hospitalaria y pausa en la educación.
Sería conveniente apostar también por atender a la población vulnerable en términos de ingresos y necesidades básicas. En este sentido, Coneval dibuja dos escenarios en pobreza, tras la crisis sanitaria.
Donde el escenario I, representa a la: caída generalizada en el ingreso equivalente a 5 por ciento y el escenario II corresponde a la: caída promedio en el ingreso de 5 por ciento, considerando mayores afectaciones a la población en función del ingreso y de la incidencia de pobreza urbana.
Coneval refiere que el aumento de la pobreza extrema por ingresos, en el escenario más mesurado, es de al menos 4.9 puntos porcentuales, lo que se traduciría en por lo menos 6.1 millones de personas. A este escenario debe sumarse una mayor incidencia de pobreza urbana asociada con los efectos de la crisis, ya que la velocidad de propagación de la COVID19 en zonas urbanas es mayor.
El 23 de abril de 2020, el Gobierno Federal estableció como prioritarios 38 programas (Diario Oficial de la Federación, 2020), de los cuales, 19 corresponden a intervenciones gubernamentales de desarrollo social (CONEVAL, 2020).
En el DOF se enuncia la suspensión de las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los programas prioritarios, sin detallar elementos de focalización para la selección de dichos programas.
A raíz de lo observado, es importante poner en una balanza las prioridades, a partir de un mapeo de acciones que incluyan los siguientes elementos:
En conclusión, es necesario enfatizar el diseño de una estrategia integral bajo la lente de las nuevas demandas, considerar que la población vulnerable no solo se encuentra en zonas rurales, sino que se ha desplazado a zonas urbanas, así como la propagación de nuevas enfermedades y rezagos importantes en el ámbito educativo. Sumado a estos factores, la evaluación instará a la reflexión y dará la pauta para una correcta estrategia decisoria.
Referencias
